Ciencia y tecnología

DELINCUENCIA INSTANTANEA.
| Caracas, 05 de Mayo 2015

El Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ha dado a conocer algunos resultados preliminares del proyecto interinstitucional suscrito con el Centro de Investigación Radical de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela denominado “Derecho positivo y gobernabilidad”, el cual tiene como objetivo la construcción colectiva de estrategias para incorporar el derecho positivo, al servicio de la gobernabilidad.

Informó Yadira Córdoba, ex Rectora de la UBV e imagen corporativa de la academia, que como parte de este convenio marco y vista su directa vinculación con el área de estudio del proyecto, se estableció con caracter prioritario la investigación de las causas y consecuencias de la transgresión de la ley, considerando los múltiples y variados fines al servicio de los cuales se puede colocar a la delincuencia y a los delincuentes.

Por su parte, Hermann Escarrá, abogado constitucionalista y Senior Project Manager, explicó que las superadas teorías conductistas que pretenden dar cuenta del surgimiento de la delincuencia como el resultado de un proceso de aprendizaje, en el cual el ambiente y el entorno social juegan un rol preponderante, si bien son interesantes y han seducido a muchos investigadores poco rigurosos con una estructura de pensamiento funcionalista, son insuficientes e inadecuadas para generar delincuencia y colocarla al servicio de la gobernabilidad del estado.

La implementación de un Programa de Modificación Conductual de alcance colectivo que lograse instaurar un comportamiento transgresor en sujetos respetuosos de la ley, es cuando menos incosteable, por no decir, abiertamente ineficaz, según el constitucionalista. Recordó los fallidos intentos por promover fechorías orientadas políticamente, realizados por Juan Barreto y Robert Serra mediante la distribución masiva de armas de guerra y beneficios en las barriadas populares. “Centrarse en el maleante, es un enfoque errado para generar delincuencia estratégica. Nuestros hallazgos nos sugieren apuntar hacia la misma ley, como factor delictógeno” – apuntó-

Sostiene el hermano del fallecido mártir de la revolución Carlos Escarrá, que: “La delincuencia estratégica es aquella cuyo potencial violento y destructivo, se orienta hacia el logro de objetivos de gobierno. Ahora, un enfoque basado en la ley mas que en el cambio de comportamiento, supone la generación de criminales a través de la promulgación de normas positivas y por tanto obligatorias, pero de imposible cumplimiento, para, de esa manera, producir al mismo instante de su entrada en vigencia, cuantiosos infractores. La calificación del delito no depende, por tanto, del comportamiento del individuo, sino que está implícita en la misma ley”.

Según esta visión alternativa del derecho, quien detente el poder del estado puede transformar en malhechores a amplios sectores de la población según convenga a sus intereses políticos. Una vez definidos como delincuentes, estos ciudadanos pueden ser excluidos, perseguidos y castigados con una justificación explícita que de ninguna manera puede ser considerada arbitraria.

La primera iniciativa legislativa enmarcada en esta visión alternativa del derecho, es la redacción del Decreto para el Descongestionamiento Peatonal de la Via Pública, norma que por sus características intrínsecas se adapta en su totalidad a los criterios de la delincuencia estratégica al servicio de la gobernabilidad: 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO PEATONAL DE LA VIA PÚBLICA

Artículo N° 1: Atendiendo al interés público y para preservar el derecho al libre tránsito peatonal, se decreta el desplazamiento obligatorio en veredas, calles, avenidas y corredores viales, a través del vuelo, sin la ayuda o soporte de ningún dispositivo o aditamento de naturaleza alguna, diferente del mismo cuerpo del transeúnte.

Artículo N° 2: Aquellos transeúntes que incurran en la violación de lo dispuesto en el presente decreto, serán sancionados con pena de prisión de 5 a 10 años o con multa proporcional de 200 a 500 UT por cada día sin despegar del suelo.

Articulo N° 3: La reincidencia en la violación de la presente norma, determinará la confiscación de los bienes del infractor, sin menoscabo de lo dispuesto en materia sucesoral, laboral o fiscal.

Articulo N° 4: Quedan exceptuados del presente decreto, aquellos transeúntes que por causas de fuerza mayor, determinadas por el órgano competente en materia de salud, se vean imposibilitados de volar. La carencia de alas no podrá esgrimirse como causa de fuerza mayor.

Explica Silio Sánchez, Abogado, Asesor de Técnica Legislativa y miembro del equipo de redactores del decreto, que esta norma por su imposible cumplimiento, transformará en infractores a todos los venezolanos, con excepción de los miembros de la iglesia, por razones obvias. De tal forma que, el gobierno tendrá la potestad de perseguir y castigar a todos los venezolanos, con la facultad de apropiarse de sus bienes, lo cual redundará en una evidente mejora de su capacidad para gobernar a discreción.

Aclara Escarrá que este tipo de normativa siempre debe dejar un resquicio para salvaguardar a los propios legisladores y a quienes se sometan al poder del gobierno. En este caso, el Ministerio de Sanidad puede inventar y certificar excepciones para el cumplimiento del decreto.

Culmina Escarrá planteando que “con normas de este tipo es posible alinear el derecho positivo con la gobernabilidad del estado o del gobierno, que vendría siendo esencialmente lo mismo, por cuanto el derecho, como decía Novoa Monrreal, no puede constituirse en un obstáculo al cambio social revolucionario”

Por su parte, Alberto Arteaga Sánchez, afamado jurisconsulto, penalista y defensor de Carlos Andrés Pérez, considera que el enfoque manejado por su colega Escarrá tiene viabilidad y que será tomado en cuenta para la labor legislativa durante el próximo gobierno de coalición.

 


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