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LA RESOLUCIÓN 8610, DISMINUYÓ LA INSEGURIDAD
Por: Italo del Valle Alliegro * | Venpress. Caracas Occidental. 01 de Marzo, 2015

Durante el mes de febrero del año en curso disminuyó considerablemente la inseguridad personal en el país como consecuencia de la entrada en vivencia de la Resolución N°008610 del Ministerio de la Defensa, del 23 de enero, en la cual se recogen las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.589 del 27 del mismo mes.

En estas normas se establece la potestad de la Fuerza Armada Nacional para utilizar armas potencialmente mortales en la contención de protestas pacíficas que se realicen en el país pero que resulten incómodas para el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros; el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado; la Fiscala Generala de la República, Luisa Ortega Diaz y para el Defensor del Pueblo Soberano, Tarek William Saab. La inconveniencia de tales protestas para el Defensor de Nuestro Pueblo, no se incluyen en esta normativa por cuanto dicho cargo no existe.

Una vez que entró en vigor la mencionada norma sublegal, de forma expedita se incrementó la seguridad personal de los miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, de los efectivos del Sebín y del Comando Antimotines del PSUV, conocidos genéricamente como "colectivos". El incremento de la seguridad personal de los efectivos de estos órganos represivos, ha determinado que hayan comenzado a disparar sobre los manifestantes con mayor seguridad que antes, aumentando su puntería independientemente de que disparen perdigones, tuercas o balas potencialmente mortales, dejando un saldo de manifestantes potencialmente muertos. Así, gracias a la licencia prevista en la norma y a la seguridad de que no serán encarcelados por causar la muerte de inocentes, la eficacia de los efectivos potencialmente se mantendrá en altos estándares.

Si la democracia hubiese contado con este tipo de instrumentos legales el 27 de febrero de 1989, cuando se produjo la revuelta popular conocida como "El Caracazo" que pretendió derrocar al Presidente Carlos Andrés Pérez, probablemente hubiésemos podido contener con mucha mayor eficacia el alzamiento civil, tal vez generando mucho mas de las 276 pérdidas humanas que produjo la recuperación del orden constitucional, tal como lo certificó Paulina Gamus en su debida oportunidad. De haber sido más eficaces en la restitución del orden bipartidista, probablemente Pérez no hubiese tenido que abandonar el poder y hoy seríamos gobernados por un o una demócrata honesto u honesta como Timoteo Zambrano o Liliana Hernández, por decir algo.

En este sentido, es necesario salirle al paso a aquellos leguleyos que pretenden invalidar la resolución, no cuestionado el fondo de la misma que incita a quitarle la vida al que proteste, sino argumentando que quien debe potencialmente sofocar la expresión del pensamiento mediante la violencia, debe ser el Ministerio del Interior y no el Ministerio de la Defensa. Con independencia de cual órgano represor ejecute la resolución, por el bien del orden público y la supremacía de las armas sobre el pensamiento, debe procurarse la generación del mayor miedo posible en aquellos que no estén satisfechos con la degradación de sus derechos.

* Geógrafo, Director de Regius Group International.


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