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CONTRA LA NORMALIDAD INSURGENTE: HACIA UNA CIENCIA DEL INCONSCIENTE.

Por: Jacques-Alain Miller

Paris del Oeste, 6 de Agosto, 2015. Desde que un judío pervertido y resentido llamado Segismundo, se tropezara con el hallazgo de que la naturaleza humana profunda es esencialmente destructiva y guiada por motivaciones sexuales y agresivas de las cuales el ser humano no se da cuenta, ha existido un interés creciente por mantener tal destructividad potencial en bajos niveles por el bien de la especie.

 Otro de los hallazgos de Freud, que era el apellido de Segismundo, indicaba que la represión de tales impulsos indeseables lejos de contenerlos y disminuirlos, los incrementaba y los hacía emerger irremediablemente, tomando por asalto la vida de las personas, bajo la forma de diversos grados de enfermedad. La evidencia de tal aserto parece encontrarse en las violentas convulsiones colectivas que han seguido a períodos de control filial y moral, muy acentuado. Las dos grandes guerras del siglo pasado no pueden comprenderse en su justa dimensión, sin considerar estos aspectos, como ya advirtieran en su oportunidad Adorno y Horkheimer.  ¿Qué hacer, desde una perspectiva cultural,  con la destructividad e irracionalidad inherente del ser humano? Si se la reprime, se fortalece y estalla, pero si no se la contiene, troca en barbarie y aniquilación.

 Una audaz propuesta de salida a tal situación dilemática, proviene de los pensadores venezolanos Heinz Dietrich, Rafael Uzcátegui y David Nieves, agrupados en el así conocido Círculo de Caracas, quienes sostienen que es indispensable incorporar la irracionalidad y la vocación destructiva en el seno mismo de la vida en sociedad bajo el supuesto de que su expresión libre, tenderá hacia la homeostásis y hará innecesaria su represión.  

El rechazo de la violencia, el exceso, el abuso, el delito, el fanatismo y bajas pasiones en general, todas ellas formas constitutivas de la especie humana, solo puede degenerar en guerra y odio aniquilante. Mientras que su reconocimiento e incorporación a las pautas valoradas de la cultura, serían la fuente de un hombre nuevo menos insatisfecho y obstaculizado en su desarrollo natural.  

Los teóricos venezolanos denominan a su propuesta de caos civilizante y profiláctico, Socialismo del Siglo XXI, un modelo de sociedad irracional y autodestructivo, pero en equilibrio y alejado de la organización mínima que exige un esfuerzo colectivo como la guerra. De acuerdo a esta concepción, Venezuela sería la prueba, en los hechos, de la viabilidad de tal desorden adaptativo y garante de la supervivencia. La irracionalidad y la incertidumbre, generarían así la desorganización social necesaria para impedir el comportamiento organizado que exige un esfuerzo bélico.  

Se observa en esta propuesta venezolana, que no existe, por tanto, contradicción alguna en la proposición que afirma que la autodestructividad es garante de la vida. Tal vez habría que matizar ese postulado, reafirmando que una nación que disuelve todas sus estructuras y por tanto se autodestruye, como nación, al mismo tiempo se preserva como colectivo humano desde una perspectiva biológica. He aquí un proceso dinámico que da cuenta de una cierta dialéctica de la destrucción.  

Vemos como en el desconocimiento de esta base teórica del Socialismo del Siglo XXI, firmemente asentada en los sólidos principios del psicoanálisis, con toda certeza se fundamentan las críticas no pertinentes de las que es víctima habitualmente esta doctrina. En realidad, la ilegalidad, la hiperinflación, la violencia y el fraude electoral, entre otros indicadores, forman parte de una direccionalidad que rige las políticas públicas y las orienta hacia el logro de una transformación cultural profunda que incorpore la oscuridad del alma humana, como valor social predominante y como política de Estado. La maldad del inconsciente, encuentra así su lugar en el devenir de la sociedad, no como práctica proscrita y negada, como zona prohibida y aleccionadora, sino como ideal.  

Ciertamente, avances como el descrito, es natural que generen posturas reaccionarias que intenten preservar el estado anterior de cosas. En Venezuela es habitual asistir a llamados destemplados a la cordura, la razón y el retorno de la ley, abogando por una normalidad que aparece con visos claros de insurgencia. La experiencia venezolana, constituida desde hace algún tiempo en referencia mundial de la posibilidad efectiva de que la maldad del inconsciente se estructure como ideal social, puede sucumbir ante los sistemáticos intentos de tal normalidad insurgente.  

En aras de dificultar esa “normalización” conservadora, aparece natural la necesidad de estrechar los lazos de cooperación y producción teórica entre los aparatos institucionales del Psicoanálisis y del Socialismo del Siglo XXI, siempre orientados por la construcción definitiva de una ciencia del inconsciente y del poder.

 

 

 

DELINCUENCIA INSTANTANEA

Caracas, 05 de Mayo 2015.  El Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ha dado a conocer algunos resultados preliminares del proyecto interinstitucional suscrito con el Centro de Investigación Radical de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela denominado “Derecho positivo y gobernabilidad”, el cual tiene como objetivo la construcción colectiva de estrategias para incorporar el derecho positivo, al servicio de la gobernabilidad.  

Informó Yadira Córdoba, ex Rectora de la UBV e imagen corporativa de la academia, que como parte de este convenio marco y vista su directa vinculación con el área de estudio del proyecto, se estableció con caracter prioritario la investigación de las causas y consecuencias de la transgresión de la ley, considerando los múltiples y variados fines al servicio de los cuales se puede colocar a la delincuencia y a los delincuentes.  

Por su parte, Hermann Escarrá, abogado constitucionalista y Senior Project Manager, explicó que las superadas teorías conductistas que pretenden dar cuenta del surgimiento de la delincuencia como el resultado de un proceso de aprendizaje, en el cual el ambiente y el entorno social juegan un rol preponderante, si bien son interesantes y han seducido a muchos investigadores poco rigurosos con una estructura de pensamiento funcionalista, son insuficientes e inadecuadas para generar delincuencia y colocarla al servicio de la gobernabilidad del estado.  

La implementación de un Programa de Modificación Conductual de alcance colectivo que lograse instaurar un comportamiento transgresor en sujetos respetuosos de la ley, es cuando menos incosteable, por no decir, abiertamente ineficaz, según el constitucionalista. Recordó los fallidos intentos por promover fechorías orientadas políticamente, realizados por Juan Barreto y Robert Serra mediante la distribución masiva de armas de guerra y beneficios en las barriadas populares. “Centrarse en el maleante, es un enfoque errado para generar delincuencia estratégica. Nuestros hallazgos nos sugieren apuntar hacia la misma ley, como factor delictógeno” – apuntó-  

Sostiene el hermano del fallecido mártir de la revolución Carlos Escarrá, que: “La delincuencia estratégica es aquella cuyo potencial violento y destructivo, se orienta hacia el logro de objetivos de gobierno. Ahora, un enfoque basado en la ley mas que en el cambio de comportamiento, supone la generación de criminales a través de la promulgación de normas positivas y por tanto obligatorias, pero de imposible cumplimiento, para, de esa manera, producir al mismo instante de su entrada en vigencia, cuantiosos infractores. La calificación del delito no depende, por tanto, del comportamiento del individuo, sino que está implícita en la misma ley”.  

Según esta visión alternativa del derecho, quien detente el poder del estado puede transformar en malhechores a amplios sectores de la población según convenga a sus intereses políticos. Una vez definidos como delincuentes, estos ciudadanos pueden ser excluidos, perseguidos y castigados con una justificación explícita que de ninguna manera puede ser considerada arbitraria.  

La primera iniciativa legislativa enmarcada en esta visión alternativa del derecho, es la redacción del Decreto para el Descongestionamiento Peatonal de la Via Pública, norma que por sus características intrínsecas se adapta en su totalidad a los criterios de la delincuencia estratégica al servicio de la gobernabilidad: 

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO PEATONAL DE LA VIA PÚBLICA.  

Artículo N° 1: Atendiendo al interés público y para preservar el derecho al libre tránsito peatonal, se decreta el desplazamiento obligatorio en veredas, calles, avenidas y corredores viales, a través del vuelo, sin la ayuda o soporte de ningún dispositivo o aditamento de naturaleza alguna, diferente del mismo cuerpo del transeúnte.  

Artículo N° 2: Aquellos transeúntes que incurran en la violación de lo dispuesto en el presente decreto, serán sancionados con pena de prisión de 5 a 10 años o con multa proporcional de 200 a 500 UT por cada día sin despegar del suelo.  

Articulo N° 3: La reincidencia en la violación de la presente norma, determinará la confiscación de los bienes del infractor, sin menoscabo de lo dispuesto en materia sucesoral, laboral o fiscal.  

Articulo N° 4: Quedan exceptuados del presente decreto, aquellos transeúntes que por causas de fuerza mayor, determinadas por el órgano competente en materia de salud, se vean imposibilitados de volar. La carencia de alas no podrá esgrimirse como causa de fuerza mayor.

 

Explica Silio Sánchez, Abogado, Asesor de Técnica Legislativa y miembro del equipo de redactores del decreto, que esta norma por su imposible cumplimiento, transformará en infractores a todos los venezolanos, con excepción de los miembros de la iglesia, por razones obvias. De tal forma que, el gobierno tendrá la potestad de perseguir y castigar a todos los venezolanos, con la facultad de apropiarse de sus bienes, lo cual redundará en una evidente mejora de su capacidad para gobernar a discreción.  

Aclara Escarrá que este tipo de normativa siempre debe dejar un resquicio para salvaguardar a los propios legisladores y a quienes se sometan al poder del gobierno. En este caso, el Ministerio de Sanidad puede inventar y certificar excepciones para el cumplimiento del decreto.  

Culmina Escarrá planteando que “con normas de este tipo es posible alinear el derecho positivo con la gobernabilidad del estado o del gobierno, que vendría siendo esencialmente lo mismo, por cuanto el derecho, como decía Novoa Monrreal, no puede constituirse en un obstáculo al cambio social revolucionario”  

Por su parte, Alberto Arteaga Sánchez, afamado jurisconsulto, penalista y defensor de Carlos Andrés Pérez, considera que el enfoque manejado por su colega Escarrá tiene viabilidad y que será tomado en cuenta para la labor legislativa durante el próximo gobierno de coalición.  

 

 

 

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